Llega al estudio el hijo del Sr J.M.L DONDE NOS COMENTAN LAS AFECCIONES QUE SUFRE  SU PADRE FRENTE A LA FALTA DE PRESTACION DE PAMI Y LOS RECURRENTES CORTES DE PRESTACION,CONFORME A TODA LA BUROCRACIA QUE SOLICITA EL Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI).

Luego de una larga explicación por parte del hijo, su padre  es una persona de 92 años de edad que se encuentra con un estado delicado de salud y que sus médicos tratantes indicaron la asistencia domiciliaria, entre otras prestaciones como indispensables para mantener su calidad de vida. Padece varias afecciones por las que sus médicos tratantes, conforme certificados médicos acompañados a la causa, han indicado la necesidad de contar con control médico mensual, un mínimo de dos sesiones de kinesiología semanales y fundamentalmente 16 horas de cuidador domiciliario. Conforme a la situación y los certificados médicos presentados decidimos iniciar una acción de amparo ,por medio de la cual en 15 días obtuvimos  la resolución del juez de primera instancia donde hizo lugar a la demanda entablada, reconociéndole a la actora el derecho a la cobertura integral de la internación domiciliaria, en los términos en que lo venía realizando, esto es bajo el módulo I de complejidad, con submódulos de cuidador domiciliario por 8 horas y kinesiología dos sesiones semanales. EN CONSECUENCIA ,es menester poner especial atención a la relación médico-paciente entablada, ya que los médicos tratantes poseen una amplia libertad para escoger el método, técnica o medicamento que habrá de utilizarse para afrontar la enfermedad, y tal prerrogativa queda limitada tan solo a una razonable discrecionalidad y consentimiento informado del paciente, por lo que el control administrativo que realiza la obra social demandada no la autoriza, ni la habilita a imponerle prescripción alguna en contraposición a la elegida por el profesional responsable de aquél.

Es importante destacar lo expresado por la Camara Nacional de La Plata Sala I …. El sub examine exige de la magistratura una solución expedita y efectiva frente a la magnitud de los derechos constitucionales conculcados y la eventual concreción de un daño irreparable; en el caso se encuentra afectada la salud del accionante (conf. doctrina de la CSJN en Fallos: 324: 2042; 325:3542; 326:970, 1400 y 4981; 327:1444; P. 1425. XL. “Poggi, Santiago Omar y otra c/ Estado Nacional y otra s/ acción de amparo”, fallo del 7/12/04; L. 1566. XXXIX. “López, Miguel Enrique Ricardo c/ Buenos Aires, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ acción de amparo”, fallo del 15/03/05; A. 1530. XL. Albarracín, Esther Eulalia c/ Buenos Aires, Provincia de (Minist. De Salud) y otro (Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo”, fallo del 14/12/04, E.D. 24 05 05 (supl.), nro. 248.; entre otros).

IV. En tal sentido, el derecho a la vida ha sido considerado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284, 310:112; R.638.XL., 16/05/06 – “R., N.N. c/ INSSJP s/ amparo”). También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes).

A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), la Corte ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y 323:1339).

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así como el deber de los estados partes de procurar su satisfacción. Entre las medidas que deben ser adoptadas a fin de garantizar ese derecho se halla la creación de condiciones que aseguren a todos ,asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (art. 12, inc. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Los Estados Partes se han obligado «hasta el máximo de los recursos» de que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho tratado (art. 2, inc. 1). En lo que concierne al modo de realización en estados de estructura federal, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha reconocido que dicha estructura exige que los cantones sean los de ciertos derechos, pero también ha reafirmado que el gobierno federal tiene la responsabilidad legal de garantizar la aplicación del pacto (conf. Naciones Unidas. Consejo Económico Social. Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informes iniciales presentados por los estados parte con arreglo a los arts. 16 y 17 del Pacto. Observaciones. Suiza E/1990/5/Add.33, 20 y 23 noviembre de 1998, publicado por la Secretaría de Investigación de Derecho Comparado de esta Corte en «investigaciones» 1 (1999), págs. 180 y 181).

VI. Cabe señalar que por Ley 27.360 se aprobó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas, cuyo objeto es “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”. Esta Convención dispone los deberes a los que quedan comprometidos los Estados Parte, siendo uno de ellos el de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles, a fin de lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Aborda de manera específica el derecho a la vida y a vivir con dignidad en la vejez, con el compromiso de los firmantes de garantizar su goce efectivo, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población.

Ello incluye el compromiso de asegurar el acceso progresivo a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, necesarios para facilitar su existencia e inclusión en la comunidad, y para evitar su aislamiento o separación de ésta, que comprende servicios con personal especializado para una atención adecuada e integral, con el objeto de impedir acciones o prácticas que puedan producir daño o agravar la condición existente.

VII. Asimismo, la Ley N° 23.661 instituyó el sistema nacional de, con los alcances de un seguro social, a efectos de asegurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica.

Con tal finalidad, dicho seguro ha sido organizado dentro del marco una concepción «integradora» del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden «su participación en la gestión directa de las acciones» (art. 1). Su objetivo fundamental es «proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación…». Asimismo, «se consideran agentes del seguro a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye…» (art. 2).

VIII. Por su parte, la Ley N° 19.032 creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – PAMI- y en su artículo segundo dicha norma dispone que “…El Instituto tendrá como objeto otorgar -por sí o por terceros- a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, organizadas en un modelo prestacional que se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios del Instituto, atendiendo a las particularidades e idiosincrasia propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones del país. Las prestaciones así establecidas se considerarán servicios de interés público…”.

Fuente: CAMARA FEDERAL DE LA PLATA – SALA I. https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/088/609/000088609.pdf

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Publicado por SCIOLLA-CASARIEGO ESPECIALISTAS EN AMPAROS

A QUE SE DEDICA EL ESTUDIO-QUIENES SOMOS Nos especializamos en Amparos de Salud, ante la negativa de las Obras Sociales o Prepagas a brindar las prestaciones médicos asistenciales que corresponden. La acción de amparo es una herramienta judicial rápida y eficaz, que resguarda los derechos fundamentales de las personas. Entendemos que los problemas de nuestros clientes demandan más de nosotros que meros conocimientos jurídicos. Por ello le ofrecemos nuestra experiencia, conocimiento práctico y sectorial. Hacemos lo que mejor sabemos hacer para quienes lo necesitan. Nos apasiona dar soluciones a asuntos complejos con excelencia y profesionalidad, sobre todo desde una dimensión profundamente humana. Nos avalan 20 años de dedicarnos al Derecho a la salud. DEBIDO A QUE ME DEDIQUE AL DERECHO A LA SALUD –LA HISTORIA DE MI MADRE Hace 17 años mi madre sufrió de un aneurisma, fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Naval sin éxito. Luego quedando internada en el Hospital Aeronáutico perteneciente a la obra social de mi padre de toda la vida quien trabajo hasta el momento de su jubilación en la Fuerza Aérea como personal civil. Al término de 30 días mi madre no despertaba, pasaba de sala de piso a terapia intensiva. Una mañana los médicos comunico a la familia que la debían externar del hospital, que ella se encontraba en estado vegetativo y la teníamos que llevar a nuestra casa. Como hija he sentido la tristeza, desolación y el desconsuelo de tal noticia, más aún estaba embarazada de 6 meses de mi hija Valentina y bajo un embarazo de alto riesgo. El contexto en la familia era muy complicado, a esa altura mi padre tenía 80 años y sus problemas de salud. Yo era abogada, pero en un estado complejo por mi embarazo, por lo tanto mi hermana y yo salimos a golpear las puertas de la Fuerza Aérea para que le provean a mi madre un lugar donde estar, un centro de rehabilitación y o un geriátrico. Recorrimos todas y cada una de las delegaciones y oficinas de la Fuerza y las respuestas siempre eran negativas. Asumimos y soportamos los atropellos de todos aquellos hombres de uniformes con tiras y alitas en el pecho, viendo como vulneraban día a día los derechos a la salud y dignidad de mi madre en las condiciones que se encontraba. El camino fue muy duro para ambas, yo desolada por la situación de mi madre y teniendo que intentar cuidar un embarazo muy complejo y mi hermana devastada por la situación y apuntalándome para que mí embarazo no corra más riesgos. Juntas hemos pasado muchas horas de sufrimiento, aprendizaje y lucha. Éramos dos mujeres que encontrábamos solo burocracia y burla en tal obra social. En esos momentos tan terribles de la vida, no se necesitan simpáticos, gente disfrazada de buena, el que dice soy amigo “de ….” sino de agallas y poder contar con un buen asesoramiento jurídico. Coraje sobre todo! Desde que salí de la facultad hace 20 años me dedique al Derecho Constitucional, a iniciar acciones de Amparos –sobre todo eran cuestiones bancarias-. En este momento tan doloroso me tocaba con la poca Fuerza que tenía hacerlo por mi madre a los efectos de solicitar a un Juez Federal la asistencia y que resguarde los derechos fundamentales de su vida. En una semana, tuvimos el Amparo a nuestro favor y mi madre estuvo cuidada en un geriátrico con rehabilitación, con todas las prestaciones correspondientes, pagado por la misma obra social, por el lapso de dos años hasta que falleció. Allí comenzó mi cruzada y mis especializaciones y doctorados en Derecho a la salud, para asesorar y ayudar a la gente con reclamaciones por vulneración de sus derechos de salud, especialmente en lo relacionado con la cobertura e incumplimientos de obras sociales y prepagas, para personas que realmente la necesitan y quedan con la negativa de estas.

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