I.- El Señor Juez ordenó a la Obra Social de Comisarios
Navales (OSOCNA) mantener la afiliación del actor en el Plan 210,
sin limitaciones temporales ni presupuestarias y mediante los aportes
a cargo de la beneficiaria en los términos dispuestos por las leyes
19.032 y 18.610; y a OSDE continuar su relación contractual con el
amparista en las mismas condiciones anteriores en que se encontraba
vinculado a ésta en virtud de su relación con OSOCNA, abonando el
accionante, en su caso, las diferencias entre los referidos aportes y el
valor de la cuota al Plan 210.
Esa decisión fue cuestionada por ambas codemandadas.
OSOCNA, en primer lugar, afirma que le resulta
imposible mantener al amparista como beneficiario por cuanto una
vez obtenido el beneficio jubilatorio automáticamente es transferido
por la ANSES al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP), operando su baja en la Obra Social
por estricto cumplimiento de normativas y procedimientos llevados a
cabo tanto por la Administración Nacional de la Seguridad Social,
como por la Superintendencia de Servicios de Salud. En esa línea,
cuestiona el hecho de que se la obligue a otorgar un plan que opera y
comercializa un tercero, agregando que ello resulta una obligación
confiscatoria de sus fondos que se nutren de los aportes de todos los
beneficiarios activos pertenecientes a ella. Afirma que los decretos n°
292/95 y 492/95 limitan la operatividad del derecho de opción de los
pasivos a los agentes inscriptos en el Registro Especial para la
Atención de Jubilados y Pensionados en el cual no se encuentra
inscripta. Finalmente, asegura que el actor pretende, en violación a la
mencionada normativa, que los aportes sean transferidos a OSDE en
lugar del PAMI, persiguiendo también, con esa modalidad, favorecerse con la exención del pago del impuesto al valor agregado
respecto de la contratación de planes voluntarios.
Por su parte OSDE cuestiona el carácter innovativo de la
medida dispuesta, aduciendo que el objeto de ella coincide con lo que
deba decidirse al momento de dictarse la sentencia definitiva. Sostiene
que el régimen regulatorio creado por los decretos 292/95 y 492/95
impide hacer lugar a la pretensión formulada, en tanto su parte no se
encuentra inscripta en el Registro creados por aquéllos, excluyendo
así el requisito de la verosimilitud del derecho. Asimismo, tampoco
existe peligro en la demora dado que la vida y salud del actor no
corren riesgo toda vez que puede contar con la cobertura que otorga
PAMI a todo jubilado. Finalmente, solicita el dictado de una medida
para mejor proveer a los efectos de que se puedan verificar sus
dichos.
Conferido el traslado de los agravios el actor requirió la
confirmación de la resolución apelada.
II.- En los términos en los cuales la cuestión se encuentra
planteada, y teniendo en cuenta que el accionante promovió la
presente acción el 21/12/2021, es decir dentro de un plazo razonable
desde que obtuvo su beneficio jubilatorio en diciembre del mismo año
(según surge de la prueba incorporada), cabe concluir que la
resolución apelada debe ser confirmada, pues las circunstancias
fácticas del caso y las cuestiones traídas a conocimiento del Tribunal
resultan sustancialmente análogas a las resueltas en el incidente n°
4167/2021/1 «Farina, Enrique Luis c/ OSDE y otro s/ amparo de
salud» del 14.9.21, a cuyos fundamentos cabe remitirse para evitar
innecesarias reiteraciones (doctrina de la causa 8831/20 del 28/12/21).
III.- Por último, en el mismo sentido que lo dispuesto en
el mencionado precedente, corresponde precisar que, en salvaguarda
del principio de equidad que debe imperar entre las partes, y como
contraprestación del servicio de salud que las demandadas se
encuentran obligadas a otorgar al accionante -en virtud de la medida
cautelar de reafiliación dispuesta-, la prestadora de servicios de salud
deberá recibir los aportes correspondientes (conf. esta Sala, causas
2046/17 del 30.11.17, 4178/17 del 6.2.18, 4501/16 del 28.12.17,
5406/17 y 8215/17, ambas del 22.5.18, entre otras).
En consecuencia, con el objeto de que los aportes por
obra social efectuados por el actor lleguen a la Obra Social
demandada y no sean derivados al PAMI, se deberá oficiar a la
ANSES en primera instancia para que proceda a la transferencia
correspondiente -dentro de los 15 días corridos posteriores a cada mes
vencido-, quien a su vez, los deberá desregular y transferir a OSDE,
dentro de los diez días corridos, tomando dicho pago a cuenta de la
cuota correspondiente al plan del amparista y, en caso de diferencia,
deberá emitir la factura pertinente para su pago por parte del actor.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la
resolución apelada, con la precisión que surge del considerando que
antecede. Atento a las particularidades expuestas y a la forma como se
decide, se distribuyen las costas de Alzada en el orden causado (arts.
68, segundo párrafo, y 69 del Código Procesal).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Florencia Nallar, Juan Perozziello Vizier,
Fernando A. Uriarte. JUECES DE TRIBUNAL.

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Publicado por SCIOLLA-CASARIEGO ESPECIALISTAS EN AMPAROS

A QUE SE DEDICA EL ESTUDIO-QUIENES SOMOS Nos especializamos en Amparos de Salud, ante la negativa de las Obras Sociales o Prepagas a brindar las prestaciones médicos asistenciales que corresponden. La acción de amparo es una herramienta judicial rápida y eficaz, que resguarda los derechos fundamentales de las personas. Entendemos que los problemas de nuestros clientes demandan más de nosotros que meros conocimientos jurídicos. Por ello le ofrecemos nuestra experiencia, conocimiento práctico y sectorial. Hacemos lo que mejor sabemos hacer para quienes lo necesitan. Nos apasiona dar soluciones a asuntos complejos con excelencia y profesionalidad, sobre todo desde una dimensión profundamente humana. Nos avalan 20 años de dedicarnos al Derecho a la salud. DEBIDO A QUE ME DEDIQUE AL DERECHO A LA SALUD –LA HISTORIA DE MI MADRE Hace 17 años mi madre sufrió de un aneurisma, fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Naval sin éxito. Luego quedando internada en el Hospital Aeronáutico perteneciente a la obra social de mi padre de toda la vida quien trabajo hasta el momento de su jubilación en la Fuerza Aérea como personal civil. Al término de 30 días mi madre no despertaba, pasaba de sala de piso a terapia intensiva. Una mañana los médicos comunico a la familia que la debían externar del hospital, que ella se encontraba en estado vegetativo y la teníamos que llevar a nuestra casa. Como hija he sentido la tristeza, desolación y el desconsuelo de tal noticia, más aún estaba embarazada de 6 meses de mi hija Valentina y bajo un embarazo de alto riesgo. El contexto en la familia era muy complicado, a esa altura mi padre tenía 80 años y sus problemas de salud. Yo era abogada, pero en un estado complejo por mi embarazo, por lo tanto mi hermana y yo salimos a golpear las puertas de la Fuerza Aérea para que le provean a mi madre un lugar donde estar, un centro de rehabilitación y o un geriátrico. Recorrimos todas y cada una de las delegaciones y oficinas de la Fuerza y las respuestas siempre eran negativas. Asumimos y soportamos los atropellos de todos aquellos hombres de uniformes con tiras y alitas en el pecho, viendo como vulneraban día a día los derechos a la salud y dignidad de mi madre en las condiciones que se encontraba. El camino fue muy duro para ambas, yo desolada por la situación de mi madre y teniendo que intentar cuidar un embarazo muy complejo y mi hermana devastada por la situación y apuntalándome para que mí embarazo no corra más riesgos. Juntas hemos pasado muchas horas de sufrimiento, aprendizaje y lucha. Éramos dos mujeres que encontrábamos solo burocracia y burla en tal obra social. En esos momentos tan terribles de la vida, no se necesitan simpáticos, gente disfrazada de buena, el que dice soy amigo “de ….” sino de agallas y poder contar con un buen asesoramiento jurídico. Coraje sobre todo! Desde que salí de la facultad hace 20 años me dedique al Derecho Constitucional, a iniciar acciones de Amparos –sobre todo eran cuestiones bancarias-. En este momento tan doloroso me tocaba con la poca Fuerza que tenía hacerlo por mi madre a los efectos de solicitar a un Juez Federal la asistencia y que resguarde los derechos fundamentales de su vida. En una semana, tuvimos el Amparo a nuestro favor y mi madre estuvo cuidada en un geriátrico con rehabilitación, con todas las prestaciones correspondientes, pagado por la misma obra social, por el lapso de dos años hasta que falleció. Allí comenzó mi cruzada y mis especializaciones y doctorados en Derecho a la salud, para asesorar y ayudar a la gente con reclamaciones por vulneración de sus derechos de salud, especialmente en lo relacionado con la cobertura e incumplimientos de obras sociales y prepagas, para personas que realmente la necesitan y quedan con la negativa de estas.

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